Como recordarán, el asunto tenía su origen en una 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝘀𝗼𝗿𝗼 que, bajo sospecha de financiación del terrorismo, impidió al Mellat Bank operar durante varios años en la plaza y que fue tumbada finalmente por el 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼 en el 2013, abriendo la puerta a una cuantiosa reclamación por daño patrimonial contra el Estado por los daños sufridos.
El problema surgió en este nuevo proceso de reclamación 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 ‘𝗱𝗶𝘀𝗰𝗹𝗼𝘀𝘂𝗿𝗲’ ya que el banco se opuso a identificar a los clientes cuyas pérdidas servían de base para cuantificar las pérdidas sufridas.
En concreto, el Mellat Bank alegaba que, si entregaba todos esos datos sensibles 𝘀𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗻𝗱𝗿𝗶́𝗮 𝗮 𝘂𝗻 “𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹” 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 en Irán, Turquía o en Corea del Sur por ser un hecho constitutivo de un delito en dichos países.
Así, por ejemplo, en Irán se trataría de un delito muy serio, ya que la privacidad es un 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮, 𝗹𝗮 ‘𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮’ y que está consagrado incluso en la constitución del país.
Como es lógico, por su parte el Tesoro de Su Majestad se oponía a cualquier tipo de cortapisa y señalaban que, claro, si el banco cifraba en 4.000 millones de dólares las pérdidas sufridas… ¡𝗤𝘂𝗲́ 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀!
Pero ¿Qué tiene que ver en todo esto una Reina de Inglaterra del Medievo y de origen castellano?
Esta semana en #cartasdesdelondres resolvemos este nudo gordiano en la decisión Bank Mellat v HM Treasury [2019] EWCA Civ 449 (15 March 2019).
Como siempre, en Confilegal.
